En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa pública de carácter social que provee energía eléctrica. Es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Goza de autonomía técnica, operativa y de gestión conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Desde el 1 de diciembre del 2018, el director general es Manuel Bartlett Díaz.
Actualmente opera en todo el territorio nacional con más de 93,184 trabajadores activos, de los cuales 71 mil están agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.[2] La empresa está organizada en cuatro procesos: generación, transmisión, distribución y suministrador de servicios básicos.
La CFE provee energía eléctrica a un total de 46 millones de clientes y cada año incorpora un millón de nuevos usuarios. El nivel de electrificación en la CFE es del 98.95% de los habitantes. En 2019 tuvieron lugar 1,587 obras de electrificación rural; en 2020, 1,528; mientras que en 2021 fueron 3,466 las obras de electrificación rural. Su parque de generación está conformado por 158 centrales de generación de distintas tecnologías: ciclo combinado, termoeléctrica, hidroeléctrica, carboeléctrica, turbogás, combustión interna, nucleoeléctrica (Central Nuclear de Laguna Verde), geotermoeléctrica, eoloeléctrica y solar fotovoltaica.[cita requerida]
En 2021, generó el 55.36% de la energía limpia total que se inyectó al Sistema Eléctrico Nacional.[3] Asimismo, del total de energía que produjo CFE en el mismo período de tiempo, el 38.23% fue limpia.[4]
En octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una iniciativa de reforma eléctrica con un propósito eminentemente social[5] que tiene como objeto garantizar la seguridad energética del país, manteniendo la cadena de valor en el sector de electricidad como área estratégica a cargo del Estado, con la finalidad de ofrecer tarifas justas y por debajo de la inflación. En esta iniciativa, el 54% de la energía que requiere el país la generará la CFE y el 46%, la iniciativa privada. De esa manera, se establece un sistema sólido donde se unen fuerzas a favor de México. La transición energética se lleva a cabo de manera organizada y planificada, utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación. La reforma promueve procesos legales y justos para que las empresas no sean subsidiadas a costa de los mexicanos.
Después de un largo proceso legislativo, que incluyó la realización de un parlamento abierto en la Cámara de Diputados de 26 foros con expertos en la materia de diversas posturas, el 17 de abril se votó la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica en el pleno. Con los votos de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC se desechó la reforma, que necesitaba de una mayoría calificada, dos terceras partes, para poder ser aprobada. Los resultados fueron los siguientes: 275 votos a favor, 223 en contra y una ausencia. Llamó la atención que la mayoría de los legisladores votaron en sintonía con su grupo parlamentario, a excepción de un diputado del PRI que votó a favor y de dos diputados del PVEM que votaron en contra. De esta forma concluyó un proceso legislativo de más de seis meses.
Para enero de 2022, la CFE contaba con 110,347.18 kilómetros de longitud de línea de transmisión, 882,715.32 kilómetros de longitud de línea de distribución, 2,275 subestaciones de potencia y 50,808 kilómetros de longitud de la Red Nacional de Comunicaciones, cable de fibra óptica. Tiene 16 gerencias divisionales de distribución y 1,269 centros de atención a clientes.[cita requerida]
La CFE es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo[6] y su objetivo principal es proveer el servicio de energía eléctrica a la población mexicana.